Iniciativas del Partido Popular

Los criterios del Govern Armengol para las ayudas del Estado castigan a Baleares: se han presentado 11.939 peticiones cuando habían anunciado que beneficiarían a 33.000 empresas

Asunción Pons: "En el pleno del Parlament del 1 de junio ya reclamamos a Armengol que atendiera las críticas para modificar el sistema aprobado, que provoca una distribución injusta"

"Ya tuvieron que corregir la convocatoria de estas ayudas para incorporar a numerosos sectores que habían quedado excluidos como las industrias de calzado, cellers, autónomos de peluquería, talleres de reparación de muebles y productores de queso"

"Reclamamos al Govern agilidad en la tramitación y pago de las ayudas, de forma que en un mes y medio hayan cobrado todos los autónomos y pymes que han solicitado estas ayudas"

El Partido Popular denuncia que los criterios de reparto y los complicados requisitos fijados por el Govern Armengol para el pago de las ayudas directas del Estado, destinadas a paliar los efectos de la covid, perjudican y castigan a las empresas y los autónomos de las Islas.

Al cerrar el plazo de admisión de solicitudes, que tuvo que ser prorrogado, se han presentado 11.939 peticiones, cuando el Govern había anunciado  reiteradamente que beneficiarían a 33.000 empresas, manifiesta Asunción Pons, diputada del PP en la Comisión de Economía del Parlament, que declara: "No se ha cumplido el eslogan difundido por el Govern Armengol relativo a que 'Les ajudes han d'arribar a tothom', porque muchas empresas pymes y autónomos han desistido".

"El mismo Govern que lo anuncia como la llegada más importante de ayudas en la historia de Baleares para los sectores productivos frustra las expectativas creadas al impedir con sus criterios y exigencias de trámites administrativos que las empresas de las Islas obtengan los recursos que necesitan para lograr liquidez y solvencia", afirma.

El Partido Popular ya advirtió en el Parlament que se produciría este problema y reclamó la modificación de los criterios y mecanismos de reparto. La diputada Asunción Pons interpeló al conseller Iago Negueruela en el pleno del 1 junio y le pidió  que "escuche las críticas de las asociaciones profesionales y corrija el sistema aprobado para evitar una distribución injusta y desproporcionada de los 855 millones asignados a Baleares, cuyo reparto corresponde al Govern".

"Estas ayudas fueron aprobadas por el Gobierno el pasado 12 de marzo para inyectar liquidez a las empresas que han sufrido el impacto de la pandemia de coronavirus, pero hasta el 5 de mayo no se firmó el convenio para Baleares, que suscribieron la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la presidenta Armengol; y hasta el 24 de mayo no aprobó el Govern los criterios para su reparto". La parlamentaria autonómica del PP-Baleares expuso que "el Govern dice que a partir de la segunda quincena de julio empezará a pagar unas ayudas aprobadas el 12 de marzo, por lo que ya habrán transcurrido más cuatro meses durante los que muchas empresas han visto agravada su situación".

Según Asunción Pons, "la fórmula que aplica el Govern, de carácter porcentual en lugar de nominal, impide que las pymes de las Islas obtengan los recursos que necesitan para lograr liquidez y solvencia, por lo que se incumple la distribución de los recursos asignados a Baleares".

Nefasta redacción del decreto

El PP-Baleares califica de "nefasta" la redacción del decreto del Govern para el reparto de estas ayudas, al permitir numerosas interpretaciones, lo que provocó las críticas de PIME-Mallorca y PIME-Menorca, que denunciaron que habrá empresas con pérdidas superiores al 30 por ciento que no tendrán acceso a estas ayudas, y reclamaron al Govern Armengol la "necesaria aclaración" sobre la exigencia de mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022.

Porque  el enfoque de estas ayudas exclusivamente a la solvencia y no a la pérdida de actividad empresarial supone la exclusión de las pymes que han logrado sobrevivir durante la pandemia con recursos propios y aportaciones del propio empresario. Tampoco tuvo en cuenta el Govern, en el caso de los autónomos, la aportación de su patrimonio personal a la actividad como financiación privada, con una reducción de fondos, además de la importante pérdida de facturación que ya no se recuperará.

La ampliación del plazo de presentación de las solicitudes y la incorporación de las pérdidas registradas entre marzo de 2020 y mayo de 2021 en la modificación del decreto ha permitido recibir más peticiones.

Sectores excluidos en el primer decreto

La diputada Asunción Pons señala que "ya tuvieron que corregir la primera convocatoria de estas ayudas para incorporar a numerosos sectores que habían quedado excluidos. Entre otros, las industrias de calzado, los productores de queso, concesionarios de coches y talleres de reparación, empresas de muebles, autónomos de peluquería, centros de estética, floristerías y tiendas de souvenirs".

Subraya que "esta discriminación provocó muchas quejas, y el Govern Armengol se vio obligado a rectificar. Es el resultado de una mala gestión porque el Govern Armengol actúa de espaldas a los agentes sociales, a los que únicamente convoca para hacerse la foto y cuando ya lo tienen todo decidido".

Agilizar los pagos

El PP-Baleares insta al Govern a no demorar el pago de estas ayudas, tan publicitadas y anunciadas, que deben abonarse con rapidez para no agravar la difícil situación por la que atraviesan pymes y autonómos de Baleares.

"Reclamamos al Govern agilidad en la tramitación y pago de las ayudas, de forma que en un mes y medio hayan cobrado todos los autónomos y pymes que han solicitado estas ayudas", declara Asunción Pons. Señala que los primeros en cobrar han de ser los autónomos que funcionan por el sistema de módulos

Petición para realizar cambios normativos

El Partido Popular, a través de la diputada Salomé Cabrera, registró el 17 de junio en el Parlament una proposición no de ley para introducir cambios en el Real Decreto  5/2021 y en las normas vinculadas para que las empresas, autónomos y pymes que hayan sufrido las consecuencias de la pandemia, pero que estén al corriente de pago, no queden excluidas de estas ayudas.

Al mismo tiempo, el Partido Popular instó al Gobierno de Pedro Sánchez  a  efectuar una interpretación flexible del cumplimiento del mantenimiento de la actividad hasta el 30 de junio de 2022 para acceder a las ayudas a la solvencia empresarial, respecto de las empresas temporales,de forma que quede clarificado que no es necesario mantener la actividad continua desde junio 2021 a junio 2022.