VOX en el Consell de Mallorca, instará a abordar los empadronamientos ilegales y expolio de nuestros servicios públicos en la isla. Exigimos a la Delegación del Gobierno y la FELIB, coordinar un control exhaustivo sobre la presencia de inmigrantes ilegales en Mallorca, dando cumplimiento a la ley. VOX en el Consell de Mallorca, presentará en la sesión plenaria que tendrá lugar el jueves 13 de mayo, una moción instando a abordar los empadronamientos ilegales y expolio de nuestros servicios públicos en Mallorca.

Toni Gili, portavoz de VOX en el Consell de Mallorca, ha señalado que, “vamos a exigir a la Delegación del Gobierno y la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB), coordinar un control exhaustivo sobre la presencia de inmigrantes ilegales en Mallorca, dando cumplimiento a la ley, ya que, en los últimos años, Mallorca y España en su conjunto, se ha enfrentado a una llegada masiva de inmigración ilegal, promovida por las políticas de diferentes gobiernos nacionales, autonómicos y municipales.

Este aumento significativo de inmigrantes ilegales en numerosas localidades de la part forana y Palma, ha provocado un aumento exponencial de la delincuencia, con un incremento constante en las estadísticas trimestrales del Ministerio del Interior. De tal manera, nuestros diferentes núcleos de población, no son ajenos a los empadronamientos ilegales, como se ha evidenciado en operaciones policiales recientes como las acontecidas en el municipio de Lluchmajor”.

Toni Gili, así mismo, ha criticado las políticas de fronteras abiertas del Gobierno de Pedro Sánchez y las políticas de ayudas sociales por parte de las diferentes administraciones que han convertido a nuestra isla en un terreno fértil para el crecimiento de la población inmigrante ilegal. Por último, Toni Gili, ha manifestado que, “la situación actual, demanda una revisión de las políticas de ayudas sociales, asegurando que estos recursos estén destinados exclusivamente a aquellos que cumplen con los requisitos legales para recibirlos, dando prioridad a nuestros conciudadanos nacionales.

La suspensión de ayudas a personas que hayan ingresado ilegalmente o que hayan perdido su estatus de residencia legal debe ser, también una medida considerada para evitar que el sistema de bienestar social en nuestra isla no se vea comprometido”